Un reto a la Pobreza

Un reto a la Pobreza

Por: Erika Morales , Andrés Sánchez ,Alejandro Blasio y Pedro Gual .Reporteros del diario Círculo Poblano

En verdad que descaro en el Poder Judicial de Puebla , eso no puede ser permitido , para ello hay instancias como la Función Pública para actuar.

Importante para este medio de comunicación , compartir y reproducir tan importante información de otro medio de comunicación , serio veraz y oportuno , cómo es contra Linea, por ello nosotros como periódico diario con una antigüedad de 57 años a la fecha , vamos a llevar a cabo una investigación presunta y sobre todo que no vamos a quitarnos de conocer en verdad la exagerada corrupción que encontremos en el Tribunal Superior de Justicia en el estado, que en verdad no sorprende , pero que es necesario poner un alto a tanta corrupción de esa institución.

Al menos 20 de los más altos cargos en el Poder Judicial del Estado de Puebla están ocupados por magistrados propuestos por los ex gobernadores panistas acusados de corrupción Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018). Otros, con más años, les deben el cargo a gobernadores priístas como Mario Marín (2005-2011) también señalado de cometer diversos delitos. La mayoría tiene más de 30 años en el Poder Judicial y, algunos, más de 2 lustros como magistrados.

De acuerdo con un expediente elaborado por organismos de inteligencia, del que Contralínea posee copia, amplios sectores del Poder Judicial de Puebla se han convertido en cotos de poder y negocios de personajes que pertenecen al mismo grupo panista cuya cabeza era Moreno Valle.

Como se recordará, el ex gobernador y su esposa Martha Érika Alonso, entonces gobernadora en funciones, murieron en un accidente aeronáutico en diciembre de 2018. Aunque las elecciones celebradas en 2019 abrieron la oportunidad de renovar la administración pública estatal, en el Poder Judicial de la entidad panistas y priístas han cerrado filas para mantener intacta la estructura que el morenovallismo dejó en el sistema judicial poblano.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla es el magistrado Héctor Sánchez Sánchez. No es parte de las viejas estructuras del sistema judicial, pues fue designado magistrado en 2017 y elegido titular en 2018. Pero sí es considerado parte del grupo político y del proyecto que Moreno Valle tenía para ese Poder.

De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, percibe 133 mil 700 pesos más una compensación de 127 mil 300 pesos. Es decir, al mes cobra 261 mil pesos, monto que supera el sueldo del presidente de la República. Además, obtiene una gratificación anual de 206 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y primas semestrales de 3 mil 100 pesos. Así, en 1 año recibe 3 millones 345 mil 700 pesos.

El expediente señala que el presidente del Tribunal cuenta con un despacho propio –ubicado en la Torre Omega– con su operador principal: el abogado Alfredo Espinosa Alcázar o Alfredo Balcázar. Ahí laboran cuatro abogados más y siete pasantes.

Además, supuestamente litiga asuntos civiles y mercantiles a través del abogado José Fernando Guzmán Zárate; asuntos familiares, Julio César Ramírez y Villafaña; y asuntos penales, Tirso Sánchez de la Calleja y Pedro López Palacios. También lleva asuntos penales con Antorcha Campesina a través de Sergio Reyes Ramírez, Mauricio Campos Ortiz y Natalia Lucero Méndez Pérez, señala.

Según el documento, las actividades que se derivan de mantener el litigio mientras se ocupan cargos en Poder Judicial lindan entre el tráfico de influencias y las violaciones a la ley.

Entre 2014 y 2016, Sánchez Sánchez fue síndico municipal del ayuntamiento de Puebla, cuando Antonio Gali era el presidente del municipio. Ahí forjó su alianza con Antorcha Campesina, organización tradicionalmente priísta que en los últimos años se alió con el Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista con Contralínea, el magistrado presidente del TSJEP, Héctor Sánchez Sánchez, rechaza los señalamientos y desestima las “acusaciones sin pruebas”. Reconoce que los magistrados “sí tenemos un sueldo digno”: un ingreso que corresponde, asegura, con la “altísima responsabilidad” que desempeñan. Y expone que el sueldo de los magistrados poblanos es inferior al de la media nacional y que no ha sido modificado al alza “de manera trascendente” en los últimos 10 años.

Sobre las acusaciones de contar con abogados que litigan para él, ataja que son infundadas y se deben a que está combatiendo la corrupción al interior del Poder Judicial. Asegura, esas versiones provienen de jueces a los que ha afectado en sus intereses al impulsar políticas de transparencia y limitar el nepotismo.

“Yo sólo diría, ¿existe algún elemento sustantivo, alguna prueba? No la hay. Conozco muy bien los sistemas de gente vinculada a estructuras que estuvieron trabajando aquí durante muchos años. Y van a decir eso y van a decir más, porque se les está afectando en sus intereses creados.”

De su supuesta relación con Antorcha Campesina, el magistrado asegura: “Apenas me estoy enterando de esa acusación”. En Puebla, dicha organización ha sido acusada de despojar impunemente diversos predios, como por ejemplo el de Villas del Periférico, que involucró hasta el uso de armas de fuego. En ese caso, de los 35 antorchistas detenidos en el lugar de los hechos, ninguno permanece encarcelado.

El expediente también apunta algunas irregularidades en materia administrativa. Por ejemplo, da cuenta de que en 2019 –un año después de que el magistrado Sánchez Sánchez asumiera la presidencia– el Poder Judicial obtuvo 30 millones de pesos, mediante ampliación presupuestal, que gastó en dos días al adjudicar contratos de publicidad sin licitación de por medio. Por este caso hay una queja ante la Auditoría Superior de Puebla que aún no se resuelve.

Otras denuncias tienen que ver con jueces, a quienes supuestamente se les intentaría obligar –desde la presidencia del Tribunal– a girar órdenes de aprehensión e imponer medidas cautelares de prisión preventiva en casos que no lo ameritan, y a liberar a otros que sí deberían ser privados de su libertad. Aquí se apunta que el supuesto nexo con el Ministerio Público, para que no haya apelaciones en los procesos, sería el ex fiscal Gustavo Huerta. Además se advierte que los jueces que no aceptan estas indicaciones son cambiados de adscripción como supuesto castigo. No obstante, estas denuncias tampoco han sido resueltas.

También se ha señalado que desde la Administración General de Casas de Justicia se presiona a familiares de presos para que contraten abogados afines al Tribunal. Sobre todo en aquellos casos de “cuantía considerable”.

 

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